El Plan Nacional de Desarrollo quiere dejar atrás 30 años sin estrategia de política industrial activa, que nos llevaron a tener crecimientos modestos
El nuevo gobierno quiere dejar atrás 30 años sin estrategia de política industrial activa, romper con el neoliberalismo, que llevó al país a tener crecimientos modestos, inequidad, pobreza, baja competitividad y productividad. La apuesta es pasar de la manufactura a la mentefactura, a procesos de alto valor agregado, como lo hizo Corea del Sur, que no depende de la inversión extranjera, sino de un estado fuerte, desarrollador, que apoya a sus grandes, medianas y pequeñas empresas nacionales, y que impulsa la innovación, lo que le ha permitido alcanzar un contenido nacional del 90%, mientras que el de México es de apenas 25%.
En abril pasado, Eugenio Nájera, director de Nacional Financiera (Nafin) y de Bancomext, dio un adelanto de lo que pretende esta nueva administración en materia de política industrial. Durante el Foro de Análisis y Propuesta: “La nueva Política Económica-Industrial, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Hacia un crecimiento sostenido e incluyente”, al que asistieron empresarios, académicos y representantes de la Oficina de la Presidencia de la República, Nájera dijo que el contenido nacional puede ser un elemento extraordinario para la economía, para crear más y mejores empresas.
Y la banca de desarrollo, destacó, cuenta con 670,000 millones de pesos (mdp) para apoyar a sectores que tienen muchísimas importaciones y muchísima exportación, a empresas que tengan la capacidad de aumentar la integración nacional, que tengan la posibilidad de sustituir importaciones y cuyos recursos financieros están limitados.
“México exporta el 45% de su PIB, es decir, 450,000 millones de dólares (mdd). Es una cifra inmensa, pero luego volteamos a ver las importaciones y son del orden del 46% del PIB, un déficit que en 2018 fue del orden de los 14,000 mdd, cifra 30% superior respecto a un año anterior y que significó el 1.4% del PIB; y, si le escarbamos más, vemos que las exportaciones en ese año crecieron 9.5%, mientras que las importaciones lo hicieron en 10%; y, si seguimos escarbando, vemos que las importaciones en productos de consumo ya representan el 14%, que es una barbaridad de dinero; y, finalmente, si vemos el contenido nacional de esas exportaciones, tristemente son del 25% en promedio, mientras que el de países como China, Corea del Sur y Japón es de entre el 80 y el 90%”, explicó el funcionario.
Y el caso de Corea, subrayó Najera, es el más fantástico. “No dicen Hecho en Corea, como en México, sino Creado en Corea. Nos llevan un abismo y hace 30 años no eran nadie. Entonces creo que la ecuación está bien fácil: aumentemos la integración nacional; no hay duda de que por ahí podemos caminar y ayudar mucho a México”.
José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), coincide con Najera. “Uno de los errores históricos de México ha sido otorgar licitaciones a empresas trasnacionales que no utilizan insumos intermedios nacionales, no realizan transferencia de tecnología e innovación. Solo se ha visto con la lógica neoliberal de rentabilidad y bajo costo. Resultado: el presupuesto público termina financiando obras que tienen poco impacto en el desarrollo de innovación tecnológica, creación de empresas nacionales de nuevas tecnologías y fuentes de empleo que generen inclusión y movilidad social. Se acaba financiando la innovación y el bienestar social en el extranjero”.
La solución a esto, explica el directivo, un Estado Desarrollador, donde la política económica y pública se encuentre en estrecha coordinación con las empresas nacionales, el sistema educativo y la banca de desarrollo para crear las bases productivas del país.
En ese sentido, indicó De la Cruz Gallegos, los proyectos estratégicos, como la nueva refinería, el Tren Maya y la infraestructura eléctrica, deberían contar con un mínimo de contenido nacional y los contratos realizados con empresas trasnacionales disponer de apartados de transferencia tecnológica, capacitación y asociación con la industria nacional.
De otra forma, añadió, el efecto seguirá siendo limitado en materia de crecimiento económico y generación de empleo. Además, se profundizará la dependencia tecnológica de México, el error que limita el crecimiento económico y desarrollo social del país.
“Se requiere construir alianzas con las empresas líderes en tecnología a nivel mundial, nacionales y extranjeras, en estos sectores para desarrollar la industria nacional. Y en esto, la Banca de desarrollo es clave, pues a través de esta se apoyará a las empresas nacionales que requieran financiamiento para poder participar en estos proyectos”, comentó.
Y
todo parece indicar que ese será el camino. En marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que la política neoliberal quedó atrás y que habrá un cambio de política económica: un nuevo proyecto posneoliberal, posterior al neoliberalismo, que no ha sido más que neoporfirismo.
“Estamos iniciando una etapa nueva. Es un cambio profundo, una transformación; no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es el momento de expresar que, para nosotros, ya se terminó con esa pesadilla. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política con su política económica. Quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”, sostuvo durante la Clausura del Foro Nacional “Planeando Juntos la Transformación de México”, que fue clave para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, enviado a la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril para su discusión y aprobación, y donde participaron ciudadanos, especialistas y funcionarios de todas las secretarías de Estado.
¿En qué consiste este nuevo proyecto posneoliberal? El primer mandatario mencionó algunos conceptos básicos: honradez y honestidad, no al gobierno rico con pueblo pobre (poner fin al dispendio con una política de austeridad republicana), economía para el bienestar (crecimiento de la economía, pero con distribución de la riqueza y del ingreso, que en esencia es desarrollo), el mercado no sustituye al Estado (en ninguna parte el Estado incumple con su responsabilidad económica, política y social), por el bien de todos, primero los pobres (atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos).
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera (igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo), no hay paz sin justicia (atender las causas que originan la violencia, reactivar la economía, crear empleos, que haya desarrollo, bienestar y atención a los jóvenes), no más migración por hambre o por violencia (que sea opcional, no forzada), democracia participativa (hacer realidad el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la revocación del mandato) y por último, ética, libertad y confianza.
En materia de política industrial, el objetivo es fomentar el desarrollo económico sustentable mediante el establecimiento de políticas que favorezcan la innovación, competitividad, productividad y competencia dentro de un entorno global.
El gobierno busca privilegiar el incremento en la productividad, la cual se basa en cinco principales prioridades estrechamente vinculadas entre sí: fomento industrial, fortalecimiento del mercado interno, promoción de la innovación, incremento a la digitalización en las empresas y protección de la economía familiar.
No hay divorcio
Pero, ¿qué piensa la iniciativa privada al respecto? Para el IDIC resulta vital que el Estado promueva y facilite las condiciones de inversión y financiamiento productivo.
“Nuestro país debe pasar de la manufactura a la mentefactura: a procesos de alto valor agregado”, sostuvo su director José Luis de la Cruz Gallegos.
Y para ello, subrayó, se requiere implementar una nueva política industrial bajo la visión de Estado Desarrollador. Esto es, no hay divorcio entre Estado y Mercado.
En marzo pasado, el IDIC junto con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), presentaron su propuesta: una Política Industrial Globalmente Productiva, Competitiva y de Inclusión Social en México (4.0 Mx), la cual tiene 10 objetivos pilares, seis pilares y 43 acciones para lograrlo.
Entre los 10 objetivos destacan: una alianza público-privada con carácter social de perfil industrial para superar los retos de bajo crecimiento, pobreza, precarización del mercado laboral, baja innovación, educación deficiente y cierre de empresas; una política industrial que revierta el rezago causado por el error histórico de seguir la directriz de que “la mejor política industrial es la que no existe”; México debe pasar de la obsesión por la estabilidad macroeconómica a la obstinación del crecimiento económico, transformar en política pública a nivel nacional el proyecto de encuentro de negocios y sustitución de importaciones implementado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), para aumentar el encadenamiento productivo; y crear el Sistema de Estudios Estratégicos de Análisis y Prospectiva Productiva para Elevar el Bienestar Social.
Mientras que las 43 acciones giran en torno a seis pilares básicos:
En manufactura, pasar hacia la transformación y la generación de valor agregado.
“Se agotó el beneficio de los bajos costos laborales y la ubicación geográfica. Hoy, la industria 4.0, la robotización y automatización han creado nuevos diferenciales productivos en las naciones asiáticas con las que México compite (China, Vietnam, Corea del Sur, Malasia, India). El objetivo, elevar el contenido nacional de las exportaciones”, explicó De la Cruz Gallegos.
En materia de construcción, revertir la caída de la inversión pública.
También se propone desarrollar el sector energético, contar con un brazo financiero que promueva el desarrollo industrial regional y, finalmente, que a partir de dichos principios generales se debe continuar con la puesta en marcha de un modelo de competitividad industrial sistémica.
“Si el gobierno integrara dicha propuesta a su política industrial, México pasaría de un crecimiento de 2.5% anual a 5% sostenido por 20 años, se crearía un millón de empleos formales bien remunerados al año para reducir la informalidad; se reduciría la pobreza en 12 millones de personas en seis años; se elevaría la inversión total de 22 a 35% del PIB; se elevaría la participación de las manufacturas como proporción del PIB, de 18 a 22% en el 2024 y a 28% en 2030; se aumentaría la participación del contenido nacional de las exportaciones, pasando del 30 al 40% en los siguientes seis años; y se tendría un crecimiento sustentable, comprometido con el bienestar y el medio ambiente”, asegura el director del IDIC.
Vía Alto Nivel