El gasto en inversión física pasó de 3.6% del PIB en 2016 a 2.6% en 2017.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) criticó que la meta de consolidación fiscal que se propuso el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el 2017, sacrificara el gasto en la inversión pública, poniendo en riesgo el crecimiento económico y la productividad del país.
En la tercera y última entrega de la Cuenta Pública del 2017, refirió que el gasto que se destina a la creación y mantenimiento de infraestructura y obra pública pasó de 3.6% a 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), entre 2016 y 2017, respectivamente.
“Lo anterior confirma que las medidas de consolidación fiscal se concentraron en la reducción de la inversión física (reducción de 27.7% real), aunque ello implica afectar la actividad económica y la competitividad, mientras que las erogaciones corrientes presentaron una reducción en términos reales de 2.8%”, apuntó la ASF.
Detalló que del 2014 a 2017, la inversión física se redujo en 6.1 puntos porcentuales como proporción del gasto programable, al pasar de 19.1% a 13%, debido a que se utilizó este tipo de gasto como renglón de ajuste en el proceso de consolidación fiscal del gobierno federal.
En tanto, el gasto corriente pasó de representar el 75.1% del gasto programable en 2014, a 78.7% en 2017, el penúltimo año de gobierno de Peña Nieto, resaltó el organismo autónomo.
“La reducción de la inversión constituye un área de riesgo y puede ocasionar un rezago en la constitución de activos físicos para la cobertura y calidad de los servicios básicos de educación, salud y apoyo a la actividad productiva”.
La ASF mencionó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que estaba bajo el mando de José Antonio Meade, respondió que para mitigar dicho recorte en la inversión física se implementaron proyectos de Asociación Público-Privadas (APP).
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se reportaron 16 proyectos APP, los cuales representaron una inversión por 26,220.4 millones de pesos con un promedio de duración de 19.8 años.
No obstante, la ASF recomendó fortalecer la transparencia y el control sobre estos proyectos, así como dar seguimiento al riesgo inherente para la sostenibilidad de las finanzas públicas, mediante un informe integral sobre los pasivos contingentes respectivos y establecer las provisiones normativas y financieras correspondientes.