Por el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y otros gravámenes, el gobierno ingresó 1 billón 306,681 millones de pesos; mientras que por ingresos petroleros se obtuvieron 396,289 millones de pesos.

Todavía en los primeros cinco meses del 2012, los ingresos petroleros eran mayores a lo que se obtenían por la aportación de los contribuyentes al erario público. Por hidrocarburos se ingresaron 744,504 millones de pesos; mientras que por gravámenes fueron 693,783 millones de pesos.

“Esta diferencia se debió a que en el 2012, los precios del petróleo estaban por arriba de los 100 dólares el barril, lo cual beneficiaba al erario público, pero a mediados del 2014 comenzaron a reducirse, para en el 2016 registrar el nivel más bajo de alrededor de 20 dólares el barril, con lo que se vieron afectados los ingresos petroleros”, explicó Adrián García, investigador de ingresos e impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Mencionó que en el 2012, los ingresos petroleros representaban 8.8% del Producto Interno Bruto (PIB), y en el 2017 se ubicaron en 3.8% del PIB, es decir, se redujeron cinco puntos porcentuales. “Es una reducción muy drástica, pero se logró compensar con la recaudación tributaria, la cual se incrementó por la reforma fiscal del 2014”.

Crece base tributaria

Durante su participación en el lanzamiento de The Report: Mexico 2018, realizado por Oxford Business Group, José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, comentó que la evolución de los ingresos tributarios se debe principalmente a la reforma fiscal que entró en vigor en el 2014, y a que la base de contribuyentes creció, es decir, más personas están pagando impuestos.

“La reforma fiscal ha significado un aumento en la recaudación tributaria y lo más importante es que la economía mexicana se despetrolizó (…) la base de contribuyentes en este sexenio creció alrededor de 50%, al pasar de 38 millones a 67 millones de mexicanos que pagan impuestos”.

Recordó que las finanzas públicas eran altamente dependientes del petróleo, ya que en el 2012 los ingresos petroleros representaban cerca de 39% de los ingresos totales; mientras que actualmente apenas significan 17% del total.

En tanto los ingresos tributarios aportaban 37% del total de los ingresos presupuestarios en el 2012; para el 2017 se incrementaron y aportaron 58% del total.

“La reforma fiscal nos explica, en parte, por qué se puede caer el precio del petróleo en 70% y que no tengamos un problema grave de finanzas públicas”, destacó.

El funcionario advirtió que, si bien en los ingresos petroleros se percibió una reducción de cinco puntos del PIB, se obtuvo un incremento de la misma cantidad en los ingresos tributarios.

No se debe depender más del petróleo

El investigador del CIEP reconoció que si bien ha sido importante el incremento en los ingresos tributarios, aún la recaudación como proporción del PIB sigue siendo baja, pues no llega ni al promedio de lo que registran los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es de alrededor de 35% del PIB; en México es de 17.4% de su PIB.

“La recaudación debe seguir aumentado. Si bien hay especialistas que esperan que el precio del petróleo siga subiendo, el gobierno no puede confiarse de ello y depender de un ingreso que es volátil y expuesto a muchos factores externos”.

Indicó que el próximo gobierno debe aplicar medidas internas para fortalecer los ingresos tributarios, lo cual puede lograrse a través de medidas administrativas que puedan ayudar a incrementar los recursos públicos.

“Se pueden mejorar los esquemas de facturación electrónica, combatir la informalidad para que aumenten los ingresos del ISR y una vez hecho esto, empezar a ver si es necesario modificar las tasas de algunos impuestos”.

Concluyó que es necesario que se realice una reingeniería en el gasto público para tener unas finanzas públicas más sanas, pues no todo depende de los ingresos, sino también de la forma en que se ejercen los recursos públicos.

Vía El Economista
12-07-2018