El documento denominado ¿Cuáles son los riesgos para el gobierno actual de México? señala lo que desde el punto de vista de la calificadora son algunos de los riesgos más importantes que debe afrontar el actual gobierno.
La calificadora de valores Standard & Poors, S&P Global Ratings como se denomina oficialmente,elaboró un documento imperdible para analistas, empresarios, periodistas financieros, funcionarios y todos aquellos (as) relacionados con el mundo de la economía y los negocios de México, debido a que refleja una visión muy particular del equipo de análisis de esta empresa.
El documento denominado ¿Cuáles son los riesgos para el gobierno actual de México? señala lo que desde el punto de vista de la calificadora son algunos de los riesgos más importantes que debe afrontar el actual gobierno. Enseguida reproducimos algunos de los puntos más relevantes del documento. S&P Global Ratings presenta el reporte en forma de pregunta y respuesta, por lo que nos permitimos respetar el formato original de modo que se mantenga la esencia.
¿Cuáles son los principales desafíos que afronta la nueva administración?
El gobierno está tratando de balancear el objetivo de mantener finanzas públicas estables (y niveles moderados de deuda) con la atención de las necesidades sociales, la reducción de la pobreza y la corrupción, y acelerando el crecimiento del PIB.
El gobierno actual heredó finanzas públicas estables, una economía lenta, un problemático sector de energía y una base tributaria no petrolera aun reducida. AMLO planea impulsar el crecimiento económico mediante el aumento de la inversión del sector público en sectores clave (tales como energía e infraestructura), el fortalecimiento de los programas sociales (moviéndose hacia la provisión universal), el impulso a la inclusión financiera y dando pasos para mejorar la entrega de servicios públicos. AMLO planea financiar estas medidas mediante la mejora en la recaudación de los impuestos existentes, reduciendo la corrupción e imponiendo austeridad al interior del gobierno.
¿Qué riesgo representa para la calificación soberana la estrategia del gobierno sobre el sector de energía?
El porcentaje del PIB del sector petrolero ha caído desde 2005, lo que refleja en gran medida un descenso en la producción a 1.8 millones de barriles por día (mbpd) en 2018 desde 3.4 mbpd en 2004. Representó 4% del PIB de México el año pasado frente a 8% en 2008.
En 2013, el gobierno anterior abrió el sector de energía a la inversión privada y estableció una orientación más comercial a la entonces paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). México inició rondas de licitaciones para la exploración de petróleo y gas, contrayendo compromisos por varios miles de millones de dólares de inversión con el sector privado.
El gobierno de AMLO ha cambiado en gran medida la dirección del sector energético y ha frenado el plan de incorporar inversionistas privados para apoyar las actividades de exploración, desarrollo y producción del país. La nueva estrategia agrega presión a Pemex, que ya está altamente endeudada. A la par, la paraestatal vive las consecuencias de muchos años con ineficiencias operativas, debilidades administrativas, corrupción y un débil desempeño. También afronta una elevada carga fiscal (regalías e impuestos) establecida por el soberano.
Suponemos que el gobierno continuará brindando apoyo financiero y otros tipos de respaldo a Pemex. Consideramos que existe una probabilidad ‘casi cierta’ de respaldo extraordinario del gobierno a Pemex, por lo que igualamos su calificación con la del soberano. La combinación de un débil perfil financiero de Pemex y de un rol más activo en el sector de energía, podría aumentar el riesgo de mayores pasivos contingentes para el soberano.
¿Qué otro riesgo ve S&P Global Ratings en la estrategia de crecimiento del gobierno?
Los planes de AMLO para el desarrollo económico de México incluyen una mayor participación del sector público en áreas clave, no solamente la de energía. Sin embargo, el limitado tamaño del sector público mexicano, fuera de los sectores de electricidad y energía, y de algunos bancos de desarrollo, dificulta la promoción de inversiones y crecimiento sin depender del sector privado, al menos en el corto plazo. Además, el sector público tiene históricas debilidades operativas que limitan su capacidad para proveer servicios básicos y asumir nuevos proyectos, que impulsen directamente la economía.
Existe un riesgo de que el limitado estímulo al crecimiento proveniente del sector público, aunado a la menor confianza de los inversionistas que reduce la inversión del sector privado, se traduzca en un panorama de menor crecimiento del PIB, debilitando así la resiliencia económica de México. A su vez, esto podría contribuir al deterioro fiscal y a la incertidumbre en el mercado financiero. Con ello, el perfil financiero del soberano empeoraría y afectaría su calificación crediticia.
Vía Alto Nivel